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Copia privada

La compensación equitativa por copia  privada se establece en nuestra legislación, al igual que en todos los países miembros de la Unión Europea en los que se ha establecido un límite al derecho de autor, para favorecer el libre acceso a la cultura estimulando la reproducción en cualquier soporte de las obras ya divulgadas cuando se realiza por los ciudadanos para su uso privado, a partir de obras a las que han accedido legalmente y cuando la copia no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa.

Se trata de compensar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, por las remuneraciones que dejan de percibir como consecuencia del establecimiento de este límite, que permite esta reproducción para fines privados y no lucrativos.

Esta compensación está reconocida en la Directiva Europea de la Sociedad de la Información, y tiene su base en la Convención Universal de Berna. Se trata de un derecho irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.

El 30 de diciembre de 2011 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, para la corrección del déficit público. En su disposición adicional décima se establece la modificación del régimen de compensación equitativa por copia privada.
En desarrollo de la anterior disposición, se procedió a la aprobación del Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Desde entonces el Estado es quien paga la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Mediante la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se modifica la regulación de la compensación por copia privada con el fin de consolidar el sistema establecido mediante el Real Decreto-Ley 20/2011.

Con esta reforma se reducen significativamente los supuestos que pueden acogerse al límite de la copia privada, de manera que la práctica totalidad de las reproducciones de obras realizadas por particulares, que siempre han sido consideradas copias privadas y cuya realización ha generado una compensación a favor de los autores  (por ejemplo, la copias por particulares de obras obtenidas a través de Internet), pasan a ser ilícitas.

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