LA REFORMA DE LA LPI VULNERA LA CONSTITUCIÓNEl 4 de febrero pasado, diputadas y diputados del Grupo Socialista presentaron ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra un conjunto de preceptos de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.En concreto, se impugna el artículo primero, regulador de la compensación por Copia Privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y en relación con él, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015 en cuanto a la asignación del crédito presupuestario para la Copia Privada, por vulnerar los artículos 33 y 31 de la Constitución. El artículo 33 de la Constitución reconoce y protege el derecho de propiedad privada y el artículo 31 establece la exigencia de un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. El gasto público ha de realizarse respondiendo a los criterios de eficiencia y economía y sólo podrán darse prestaciones de carácter público con arreglo a la Ley. A través de la determinación legal de esta reforma hemos pasado de un sistema de regulación compensatoria con cargo a los fabricantes, importadores y distribuidores de equipos y aparatos de reproducción a un sistema de remuneración que carece de contenido indemnizatorio, al estar fijada su cuantía a tanto alzado, con cargo al Estado y sin posibilidad de repercusión alguna, es decir, se ha convertido en un gasto público lo que es en realidad una obligación jurídico-privada. Además, el recurso impugna la disposición adicional primera de la Ley por instaurar una “ventanilla única”, contraria a la regulación constitucional del derecho de asociación, lo que vulnera el artículo 22 de la Constitución. VEGAP, así como todas las Entidades de Gestión de derechos de propiedad intelectual, apoyan este recurso. Consideramos que la reforma, que se aprobó en noviembre pasado, además de crear unas condiciones de desprotección de los autores y otros titulares de derechos de propiedad intelectual, constituye una regresión muy peligrosa en esta materia y sitúa a nuestro país a la cola de los países miembros de la Unión Europea en materia de protección de los derechos de los creadores. Además de todo ello, vulnera los derechos constitucionales de quienes hacen posible la cultura en España. "Hemos pasado de un sistema de regulación compensatoria con cargo a los fabricantes, importadores y distribuidores de equipos y aparatos de reproducción a un sistema de remuneración que carece de contenido indemnizatorio" |